La reciente clausura de siete gasolineras por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil no solo es una medida necesaria, sino también una señal clara de que la prevención debe ser una prioridad, especialmente cuando se trata de negocios de alto impacto como lo son las estaciones de servicio.
En un estado que avanza en infraestructura y desarrollo, es fundamental que ese crecimiento vaya acompañado de responsabilidad y cumplimiento normativo. No se trata de obstaculizar la actividad económica, sino de garantizar que esta se realice bajo estándares que protejan la integridad de las personas y del entorno.
El Reglamento de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil establece con claridad la necesidad de contar con dictámenes técnicos que evalúen los riesgos y vulnerabilidades de cada establecimiento. Pasar por alto estos requisitos no solo representa una violación legal, sino también un riesgo latente para trabajadores, clientes y comunidades enteras.
Además, el Atlas de Riesgos del Estado existe por una razón: prevenir tragedias al identificar las zonas más seguras para ciertos tipos de instalaciones. Ignorarlo es actuar con irresponsabilidad.
Aplaudimos que las autoridades estatales actúen con firmeza, y exhortamos a que estos operativos no se detengan. La seguridad no puede ser negociable. Hoy fueron siete clausuras, mañana podrían evitarse accidentes de consecuencias irreversibles. Más vale prevenir, y hacerlo con seriedad.
